​Traspone la Directiva europea cuyo objeto es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno. 

La ministra de Justicia ha señalado que la normativa “nos va a hacer mejorar como país en rankings que elaboran organizaciones internacionales».   

El nuevo proyecto de ley, conocido como Whistleblowers, establece una protección que incluye tanto al sector público como al privado.

 Llop ha recordado que se sancionará la comunicación o revelación pública de información de infracciones del ordenamiento jurídico a sabiendas de su falsedad.